Las pioneras del aborto legal en la España de los 80.

Solemos asumir que cuando una práctica controvertida como el aborto se legaliza, el acceso se convierte en una realidad inmediata. Pero la historia rara vez es tan sencilla. En la España de los años 80, en plena transición hacia la democracia, la despenalización parcial del aborto en 1985 no abrió las puertas de la sanidad pública de par en par. Al contrario, destapó una compleja realidad de resistencia institucional y hostilidad profesional, convirtiéndose en un campo de batalla clave en la construcción de una nueva sociedad.

1. La paradoja de la sanidad pública: por qué lo legal no fue accesible

A pesar de que las Cortes Generales aprobaran en 1985 la despenalización del aborto, permitiendo que se realizara de forma legal en determinados supuestos, este procedimiento apenas pudo implementarse en los hospitales públicos. A finales de los años 80 y hasta bien entrados los 2000, una media del 93% de las interrupciones del embarazo se realizaban en clínicas privadas.

La principal causa de esta concentración de la prestación en el sector privado tenía que ver con la oposición que los propios profesionales sanitarios ejercían para oponerse a realizar estas intervenciones. Para ello, mucho de ellos no dudaron declarase objetores de conciencia promoviendo así un ambiente de hostilidad activa y un deliberado vacío en la sanidad pública. 

Para más inri, inicialmente los requisitos que imponía la normativa de implementación de la ley de 1985 eran tan estrictos que en la práctica solo los hospitales podían cumplirla. Sin embargo, la parálisis del sistema público por medio de sus profesionales llevó a un cambio legal crucial. Un decreto de noviembre de 1986 relajó estas exigencias para los abortos del primer trimestre, lo que permitió liberar el mercado y abrir la puerta para que las clínicas privadas, mucho más ágiles y comprometidas, se convirtieran en las verdaderas garantes del nuevo derecho.

2. La opresión laboral

Las pocas médicas que decidieron ofrecer abortos en este contexto no lo hicieron como una simple elección de carrera. Su decisión fue una extensión de sus convicciones ideológicas y su compromiso estuvo arraigado en la propia experiencia directa de los horrores de los abortos clandestinos. Para ellas, no era un trabajo, sino una militancia.

La doctora Elisa Sánchez-Casas, que trabajó en el hospital La Paz de Madrid, recordaba haber visto cómo antes de la despenalización se aplicaban los protocolos de denuncia, que obligaban al personal sanitario a reportar a las autoridades a las mujeres que llegaban a urgencias con complicaciones por abortos ilegales. . Al implementarse el aborto legal, sin embargo, los profesionales que lo practicaban se enfrentaman al ostracismo. Elisa Sánchez-Casas recordaba cómo los dos médicos varones contratados para realizar abortos en La Paz tras su marcha terminaron comiendo solos en la cafetería.

Otro claro ejemplo es la de la doctora Elisa Sesma, que trabajaba en el Hospital Virgen del Camino de Pamplona y vivió en carne propia una persecución personal por Acción Familiar, una ONG vinculada a la organización ultracatólica Opus Dei. La eligieron a ella como objetivo por ser mujer y antigua alumna de la Universidad de Navarra, propiedad del Opus Dei. El ataque era personal e ideológico, llegando a ocasionar un aislamiento profesional.

3. Algunas clínicas privadas: nuevo espacio de activismo feminista.

Ante este entorno asfixiante tomaron un compromiso reaccionario: la clínica privada. Médicas como Raquel Novo en Barcelona y Eva Rodríguez Armario en Sevilla optaron por co-crear o unirse a clínicas especializadas. Estos centros no eran solo espacios médicos; se convirtieron en laboratorios para un nuevo modelo de salud feminista, no jerárquico y centrado en las pacientes. , estos centros  Las clínicas profesionalizaron técnicas como la aspiración por vacío, apenas usada en los hospitales, pero que, como ya hemos escrito, fue un conocimiento heredado del activismo clandestino. Solo algunas de ellas fueron fundadas por mujeres; para ellas, su compromiso feminista era una motivación importante para profesionalizarse en la IVE.

En las décadas siguientes las clínicas en algunas comunidades autónomas acabaron cooperando con las autoridades sanitarias para ofrecer abortos subvencionados, ampliando el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo.

No puede entenderse el acceso a este derecho sin el compromiso profesional de estas médicas. Sus convicciones feministas y la voluntad de transformar desde dentro un sistema sanitario jerarquizado, masculinizado y en plena transición democrática dio oportunidad a que muchas mujeres pudieran tener una alternativa segura y eficaz, asentando un modelo de asistencia sanitaria para una autonomía reproductiva.